Lenguas de signos, lenguas de ley

Como cada año, y ya son diez, hoy 14 de junio celebramos el Día Nacional de las lenguas de signos españolas.
(Cartel elaborado por la CNSE)

Este año el lema es "Lenguas de signos, lenguas de ley". Cada año desde la CNSE se propone un lema diferente para destacar algún aspecto concreto. Por ejemplo, el año pasado fue "lenguas de signos para una vida plena"; en 2022 Libres para elegir, libres para signar; y en 2021 el día de la LSE nos preguntaba  ¿Y tú por qué signas?
A principios de este años 2024, además, se han declarado ‘Las expresiones culturales vinculadas a la cultura sorda y la lengua de signos española’ como Manifestación Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial. Esto implica un nuevo reconocimiento hacia las lenguas de signos. Junto con la Ley 27/2007 de 23 de octubre por la que se reconoce las lenguas de signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas; y el Real Decreto 674/2023, de 18 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de las condiciones de utilización de la lengua de signos española y de los medios de apoyo a la comunicación oral para las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas.
Estas tres referencias normativas nos permiten observar que en los últimos años se ha logrado un reconocimiento legal hacia esta lengua minoritaria. Y este reconocimiento ha supuesto que hoy por hoy las lenguas de signos sean mucho más visibles en nuestro país: cada vez más informativos y programas en televisión cuentan con intérpretes de LSE, por no mencionar los debates en el Congreso, las ruedas de prensa del gobierno y más recientemente los anuncios de productos farmacéuticos.
Las leyes y la sociedad no siempre avanzan a la par: a veces las leyes avanzan más rápido y la sociedad tarda un tiempo en normalizar el hecho legal, mientras que otras veces la sociedad avanza, y el reconocimiento legal solo consolida un hecho o un derecho ya puesto en práctica.
En el caso de la LSE la ley regula algo que ya se ponía en práctica, e indudablemente, además, lo amplía y lo asegura, aunque me planteo si como sociedad logramos asegurar este derecho en todas las comunidades autónomas…
Como ya comenté en esta entrada, en Madrid disponemos de multitud de recursos, servicios, opciones educativas y una amplia agenda cultural para las personas sordas. Pero... ¿Qué sucede en el resto de España?
Al menos en materia educativa, las posibilidades educativas de las personas sordas y el acceso al currículo con ayuda de la LSE son muy diferentes si vives en Madrid o en cualquier otra comunidad autónoma (evidentemente hay diferencias entre comunidades), aunque compartimos unas leyes comunes, como son la ley de educación (La Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación) y las leyes anteriormente citadas que reconocen y regulan el uso de las lenguas de signos en nuestro país.
Tanto desde el sector de las familias como desde los profesionales vemos necesario una normativa que regule las particularidades de la educación para las personas sordas: los profesionales específicos necesarios, como por ejemplo los especialistas en LSE; la concentración de alumnado con discapacidad auditiva en centros preferentes para aprovechar al máximo los recursos y ofrecer más ocasiones para interactuar y comunicar, además de contar con referentes adultos e iguales; las aulas de educación compartida, aprendiendo juntos sordos y oyentes y con dos profesionales en el aula; las aulas de educación especial “específica” para alumnos con discapacidad auditiva dentro de centros preferentes…
Esta ausencia de normativa hace por un lado que haya una cierta inseguridad, porque lo que no está regulado puede cambiar en algún momento, a criterio del político de turno (nuestras leyes de educación nos demuestran que lo que está regulado puede cambiar también con cada cambio de color en el gobierno…) pero sobretodo, hace que haya unas diferencias abismales entre unas comunidades y otras. Y esto en una democracia es inadmisible, contradice los principios básicos de la Constitución. 
Así que sí, lenguas de signos, lenguas de ley. Sí, hemos avanzado, pero seguimos teniendo por delante muchos retos.

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